El uso de la biotecnología en sectores como los de agricultura y medicina ha producido un creciente número de organismos modificados genéticamente y productos derivados de ellos. La rápida difusión de los cultivos transgénicos muestra el ritmo en que la biotecnología transforma el panorama comercial (véase la figura). Los posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y para la salud humana de ese uso se han convertido en el punto de enfoque de un amplio debate a escalas nacional e internacional. Ese debate está arraigado en diferentes marcos culturales de aceptación y manejo del riesgo y sus resultados llevarán a reformar las políticas vigentes sobre el uso inocuo de la biotecnología y las instituciones que trabajan en ese campo.

PRÁCTICAS, PRINCIPIOS Y EXPERIENCIAS

El empeño puesto en velar por el uso inocuo de la biotecnología hasta la fecha, especialmente en los Estados Unidos, se ha centrado, entre otras cosas, en la identificación de peligros y la evaluación del riesgo sobre una base científica en cada caso, la reglamentación del producto acabado en lugar del proceso de producción; el establecimiento de un marco de reglamentación que amplíe las instituciones existentes en vez de crear otras; y la introducción de sistemas flexibles de seguridad biológica para reducir la reglamentación de los productos considerados de bajo riesgo. La evaluación de los riesgos de la seguridad biológica se enfoca en las características del organismo objeto de estudio, su uso previsto y las características del medio receptor. El concepto de equivalencia sustancial entre los productos nuevos y tradicionales se ha usado como base para determinar qué pruebas de inocuidad y qué clase de etiqueta se necesitan antes de sacar al mercado un producto modificado genéticamente.

Dado que las decisiones sobre evaluación y manejo del riesgo se han basado en la experiencia adquirida con un organismo particular, su uso previsto y el medio receptor, el conocimiento de dicho organismo ha surgido como principio clave en materia de seguridad biológica en algunos países. Aunque ese conocimiento no se puede igualar con la inocuidad, ha ofrecido la base para aplicar las prácticas de manejo existentes a nuevos productos. Además, los análisis de riesgo caso por caso y gradualmente son los puntales del uso del conocimiento de cada organismo para evaluar y manejar el riesgo. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda este método de mantenimiento de la seguridad biológica y el sistema de reglamentación de los Estados Unidos depende del mismo.

En parte, como respuesta a la reacción desfavorable del público ante el creciente uso de cultivos modificados genéticamente, en algunos países, sobre todo en Europa y, en fecha reciente, en el Japón, se ha introducido el etiquetado de una parte o de la totalidad de los productos elaborados con técnicas de biotecnología. La necesidad reconocida de basar las políticas sobre seguridad biológica en el principio de precaución también ha justificado la exigencia de etiquetado. En este método se reconoce que quizá no se sabe lo suficiente sobre los efectos adversos a largo plazo de los organismos modificados genéticamente. Por tanto, se requieren pruebas de que los productos elaborados con técnicas de biotecnología son inocuos para la salud humana y el medio ambiente.

HACIA UN PROTOCOLO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

Como consecuencia de la necesidad de reglamentar los posibles riesgos acarreados por la transferencia de organismos modificados genéticamente de un país a otro, en la actualidad se hace lo posible por negociar un protocolo de seguridad biológica de cumplimiento obligatorio bajo la Convención sobre la Diversidad Biológica. La falta de acuerdo sobre varios asuntos de importancia crítica impidió la adopción del protocolo de Cartagena, Colombia, en febrero de 1999. El punto central de la versión preliminar del protocolo es un procedimiento basado en el consentimiento fundamentado previo que debe seguirse antes del traslado transfronterizo de organismos modificados genéticamente (llamados organismos vivos modificados (OVM) en el protocolo). Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre exactamente qué clases de organismos vivos modificados se cubrirán bajo el procedimiento citado. Todos están de acuerdo en que los organismos vivos modificados que entrarán en contacto con el medio ambiente del país importador deben ampararse bajo la disposición del consentimiento fundamentado previo con el fin de evaluar los posibles efectos adversos para la diversidad biológica. Un punto clave del desacuerdo se centra en determinar si los organismos vivos modificados que se pretende usar como alimentos para consumo humano o animal o para elaboración más que para liberación intencional al medio ambiente también deben ampararse bajo la disposición del consentimiento fundamentado previo. Los organismos vivos modificados de que no se pretende liberar al medio ambiente se llaman productos de consumo. Un grupo de importantes países exportadores de productos agrícolas (el grupo de Miami, formado por Argentina, Australia, Canadá, Chile, los Estados Unidos y Uruguay) alega que los productos agrícolas deben excluirse del procedimiento basado en el consentimiento fundamentado previo porque no presentan ninguna amenaza para la diversidad biológica. Esos países señalan que no es factible suministrar información detallada sobre los organismos vivos modificados en envíos de productos agrícolas a granel porque las semillas modificadas genéticamente se mezclan con otras y no existe ningún vínculo comercial directo entre los cultivadores y los exportadores de semillas. Otros países, especialmente en las naciones en desarrollo, piden que todas las transferencias iniciales de organismos vivos modificados, incluso de productos de consumo, estén cubiertas por la disposición del consentimiento fundamentado previo. Eso se considera necesario con el fin de vigilar la entrada de organismos vivos modificados y de evaluar sus efectos para la salud humana. Esos países señalan también que no siempre puede garantizarse el cumplimiento con el uso previsto de los organismos vivos modificados para elaboración (más bien que para siembra) una vez que crucen las fronteras de un país.

Los negociadores también han expresado diferencias de opinión sobre si las decisiones tomadas en virtud del consentimiento fundamentado previo deben basarse en sólidos principios científicos o en el principio de precaución. Quienes abogan por sólidos principios científicos señalan que la dependencia con respecto al principio de precaución podría crear barreras discriminatorias o injustificables para el comercio internacional de organismos vivos modificados. Quienes favorecen el principio de precaución señalan que es posible que a corto plazo no haya pruebas científicas claras del daño causado por los organismos vivos modificados. Por consiguiente, ante la incertidumbre científica, piden precaución con el fin de asegurarse de que los productos modificados genéticamente sean inocuos para la salud humana y el medio ambiente. Otro conflicto clave entraña la naturaleza exacta de la relación entre las obligaciones de un país bajo el protocolo y sus derechos y obligaciones bajo los acuerdos suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC). El punto muerto a que llegaron las negociaciones sobre este asunto fue una de las principales razones del impasse ocurrido en Cartagena. Los países también están en desacuerdo sobre la inclusión o exclusión de asuntos como los efectos socioeconómicos de los organismos vivos modificados, la responsabilidad civil y la compensación y los productos farmacéuticos en el protocolo. Hay otras negociaciones en marcha para tratar de terminar un protocolo en 2000-2001.

LA CAPACIDAD NECESARIA Y LA ECONOMÍA DE LA REGLAMENTACIÓN

Las medidas de seguridad biológica no se pueden poner en práctica a cabalidad sin la debida capacidad institucional y humana en el ámbito nacional. En la mayoría de los países con sistemas de reglamentación, los arreglos institucionales vigentes se han ajustado para dar cabida a las necesidades de seguridad biológica. Hoy en día muchos países en desarrollo se encuentran elaborando un reglamento de seguridad biológica. En algunos de los países más pobres, los debates sobre la introducción de ese reglamento han ido acompañados de preocupaciones por el gasto. Para resolver esa situación, en el último decenio se ha visto un aumento del número de programas formales e informales destinados a crear el conjunto de recursos humanos necesarios para la reglamentación de la seguridad biológica. Los programas se han enfocado en la evaluación del riesgo y la supervisión reglamentaria. La capacitación, los talleres, los seminarios y las reuniones técnicas han ayudado a crear la capacidad necesaria en materia de seguridad biológica. Las organizaciones internacionales han desempeñado una función clave en el apoyo a esas actividades. En la versión preliminar del protocolo de seguridad biológica también se señala el fortalecimiento de la capacidad como un punto clave para la cooperación racional.

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO

El debate público actual sobre la comercialización de los productos de biotecnología agrícola, especialmente en Europa, ha subrayado la importancia de la participación del público en la evaluación del riesgo y la adopción de decisiones sobre los organismos modificados genéticamente. El ritmo acelerado del cambio tecnológico y la amplitud de los efectos reconocidos de la biotecnología exigen una participación mucho mayor del público en la formulación de políticas. Varios países industrializados han lanzado programas destinados a incluir al público en la evaluación de la tecnología y en las decisiones relativas al uso de la biotecnología en la agricultura. No se trata simplemente de proporcionar información científica al público, si no más bien de fomentar la confianza entre la ciencia y la sociedad. Se podrían establecer programas intermediarios e instituciones interesadas en los aspectos sociales de la biotecnología para fomentar esa confianza. Si bien la participación acertada del público, con conocimiento de causa, sigue siendo un requisito decisivo en este campo, la necesidad de mantener la confidencialidad sobre la información comercial patentada restringe la naturaleza y el grado de esa participación. Sigue siendo objeto de debate el punto donde se debe fijar el límite entre la información pública y la privada sobre los organismos modificados genéticamente al determinar el grado apropiado de participación del público en la adopción de decisiones.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS

Para el intercambio de información sin las restricciones impuestas por las patentes, las organizaciones nacionales e internacionales emplean con frecuencia cada vez mayor tecnología moderna de comunicación, como la Internet, para divulgar información sobre reglamentación y evaluación del riesgo de los organismos modificados genéticamente. Si bien esa tecnología de comunicación es un importante mecanismo para compartir información y experiencias y su uso puede crecer en el futuro, la excesiva confianza en ella puede impedir que los países con menos capacidad y más necesidad de información sobre riesgos tengan acceso oportuno a los últimos conocimientos sobre seguridad biológica. Las medidas adoptadas para complementar la divulgación de información por medio de la Internet incluyen el establecimiento de centros de información sobre seguridad biológica dentro de las organizaciones nacionales e internacionales. Es preciso mejorar el uso de esas instituciones intermediarias como puentes para compartir información y experiencias entre varios países y sectores de la sociedad. En particular, las instituciones intermediarias podrían facilitar la tarea de vigilar la evaluación del riesgo y las decisiones relacionadas con los productos de biotecnología como importantes medios de acumulación de conocimientos. Aunque varias entidades nacionales han comenzado a vigilar diversas actividades, los resultados de esos esfuerzos no se han consolidado en evaluaciones mundiales de seguridad biológica. Esas evaluaciones podrían ser útiles para divulgar las lecciones aprendidas sobre diferentes organismos modificados genéticamente y para facilitar el intercambio de información y experiencias entre los países.

Para más información véase John Doyle y Gabrielle Persley, Enabling the Safe Use of Biotechnology: Principles and Practice (Washington, D.C.: Banco Mundial, 1996); G. Tzotzos, Genetically Modified Organisms: A Guide to Biosafety (Wallingford, Reino Unido: CABI, 1995); y Aarti Gupta, Biosafety in an International Context (Cambridge, Mass., EE.UU.: Universidad de Harvard, 1999), disponibles en http://environment.harvard.edu/gea.

Calestous Juma es asesor especial e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y ex secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (correo electrónico: calestous_juma@harvard.edu). Aarti Gupta es investigador de la Facultad de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard (correo electrónico: aarti_gupta@harvard.edu).