Muchas tragedias como las ocurridas en Burundi, Rwanda y Somalia reciben bastante publicidad en los medios noticiosos internacionales, pero esos relatos son apenas un pequeño indicio de un problema de dimensiones mucho mayores. La inestabilidad crónica está a punto de estallar en docenas de los países en desarrollo más pobres, agobiados por la carga de un rápido crecimiento demográfico, un lento crecimiento económico, gobiernos débiles y poco desarrollo humano.

Las tensiones étnicas y rivalidades políticas son las presuntas causas comunes de esas situaciones; con todo, no hay duda de que las verdaderas causas son mucho más profundas. Obviamente, la debilidad del sector agropecuario, la inseguridad alimentaria, el hambre y la degradación ambiental son importantes factores contribuyentes a inestabilidad crónica y conflictos en los países en desarrollo.

En casi todo el mundo en desarrollo, los agricultores trabajan en pequeñas parcelas y a duras penas ganan lo suficiente para alimentar a su familia. Esas situaciones son semilla de desesperación y conflicto. En muchos países, las migraciones internas están claramente vinculadas al problema de un excesivo número de agricultores en terrenos demasiado reducidos o de recién ingresados con poco acceso a la tierra o carencia total de ésta. A menudo, esos emigrantes se trasladan a regiones forestales o a terrenos más marginales, proceso que puede minar la base de recursos naturales de una nación y reducir las perspectivas de crecimiento futuro.

La incapacidad de lograr algo más que una existencia marginal tiene otro efecto importante: reduce el poder adquisitivo general de la población rural y, con ello, ayuda mucho a que las economías rurales dejen de contribuir a los adelantos nacionales en materia bienestar económico. Además, los agricultores económicamente marginales raras veces tienen los recursos financieros necesarios para hacer inversiones a largo plazo en mejoras de la productividad o protección de los recursos que podrían ayudar a sacarlos de la pobreza.

Es algo sorprendente que muchos dirigentes de los países en desarrollo no vean todavía la silenciosa crisis que se cierne sobre las zonas rurales como una amenaza a la seguridad de su gobierno o nación. A veces, los gobiernos se valen de los alimentos como instrumento para abordar conflictos regionales y tratan de apoyar a unas regiones a expensas de otras.

Esas políticas provisionales reprobables deben cesar. Es preciso que los países en desarrollo hagan de la seguridad alimentaria una prioridad si desean ampliar la estabilidad interna y construir una base más sólida para el crecimiento futuro.

En realidad, los países desarrollados y las instituciones internacionales deberían concentrar todos sus esfuerzos en mejorar la seguridad alimentaria e impulsar las economías rurales. En los últimos decenios, muchos países en desarrollo han logrado incrementar casi milagrosamente la producción alimentaria con suficiente rapidez para mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico. La investigación conducente a la producción de variedades de alto rendimiento desempeñó un papel importante en ese éxito. Ese empeño debe continuar y promoverse en los países que no han podido lograr éxito en el pasado.

El continuo crecimiento de la producción agropecuaria y alimentaria ecológicamente racional es de absoluta importancia crítica para que los países en desarrollo puedan reducir el riesgo de conflictos provocados por escasez. En primer lugar, más de la mitad de la población económicamente activa de los países en desarrollo trabaja en agricultura. En África al Sur del Sahara y Asia meridional, las dos regiones donde la situación de seguridad alimentaria es más inquietante, unas dos de cada tres personas económicamente activas se dedican a la agricultura. En esos países, el progreso económico debe incluir mejoras del bienestar económico rural.

Muy aparte de la necesidad de alimentar a la población de hoy está el esfuerzo de alimentar a la de mañana. Se prevé que la población de los países en desarrollo, como grupo, crecerá de la cifra actual de unos 4.700 millones de personas a cerca de 6.500 millones en el año 2020. Ese aumento de 1.800 millones de personas equivale aproximadamente al triple de toda la población actual de África al Sur del Sahara. Con tantas otras bocas que alimentar, cualquier falla grave en materia de producción alimentaria puede ser catastrófica.

El mundo desarrollado está en una encrucijada. Si nuestro compromiso de ayudar a los países en desarrollo sigue debilitándose, tal vez veamos que la inestabilidad y el conflicto se convierten en un problema crónico en algunas regiones en los próximos decenios. Si fortalecemos nuestro compromiso, es posible que veamos una mayor estabilidad interna en muchos países y mejoras graduales del bienestar económico. Este último camino parece justo y de máximo beneficio para el mundo desarrollado y en desarrollo.

Per Pinstrup-Andersen

Per Pinstrup-Andersen es director general del IFPRI.

Perspectivas De Investigación: Nuevos Estudios Revelan Futura Solidez Del Sector Agropecuario De China

Los recursos rurales de China están sujetos a una presión cada vez mayor tanto de la creciente demanda de productos agropecuarios como de una mayor tensión ambiental. Muchos observadores se han preguntado cómo seguirá manteniendo China una oferta estable y asequible de productos agropecuarios, siendo un país con una economía agrícola tan pobre. En el número especial de junio de 1997 de la revista Food Policy, Mark Rosegrant y Roberta Gerpacio del IFPRI y Scott Rozelle de la Universidad de Stanford, en calidad de redactores invitados, presentan seis artículos en los que se examina cómo ha administrado China sus recursos agropecuarios en el pasado, cuál es el rendimiento del sector agropecuario en la actualidad y qué desafíos debe afrontar en el futuro al tratar de atender las necesidades alimentarias de su creciente población.

En el citado número especial se documenta el crecimiento de la productividad agropecuaria de China y se describe la relación de sus políticas con el crecimiento del sector agropecuario, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico del país. También se proporciona información sobre la oferta y demanda futuras de cereales y la necesidad de participación del país en los mercados mundiales de alimentos para atender la demanda futura. Se examina la degradación ambiental a la luz de la producción agropecuaria y se describen los éxitos y fracasos del sistema de protección ambiental en las zonas rurales del país.

Los autores señalan que las instancias normativas centrales de China verán obstaculizada su tarea de proteger el sector agropecuario por problemas fiscales crónicos y las restricciones que se impondrán cuando el país ingrese a la Organización Mundial de Comercio. Sin sus elevadas tasas tradicionales de protección, China podrá alcanzar sus metas alimentarias solo con mayor dependencia de los mercados internacionales, establecimiento de relaciones comerciales estables con el resto del mundo y aprovechamiento de su ventaja comparativa en el sector agropecuario. Los autores indican también que China necesita invertir en agricultura, especialmente en investigaciones sobre nueva tecnología para mejorar la productividad agropecuaria y la forma de mitigar los problemas ambientales en las zonas rurales. Para derivar máximo provecho de los futuros aumentos de la productividad agropecuaria, los dirigentes chinos necesitarán también seguir políticas que insten a los agricultores a asignar mejor los recursos dentro del sector agropecuario y que incorporen los costos de la degradación ambiental y los beneficios de la rehabilitación.

Según los autores, los dirigentes chinos reconocen la necesidad de crecimiento y estabilidad económicos y la importante función de la agricultura en este proceso. Ellos señalan también que, en los últimos años, China ha podido resolver sus problemas rurales, especialmente cuando éstos impiden solucionar cuestiones más importantes en materia de desarrollo. Sin embargo, advierten que la solución de los problemas que afronta la agricultura china exigirá una gran inversión de capital humano. Se llega a la conclusión de que el compromiso del gobierno central de efectuar una reforma económica gradual y la disposición de la sociedad a experimentar con otras formas de resolución de problemas graves deben aportar nuevas ideas a medida que esos dirigentes busquen políticas e instituciones eficientes.

Investigador Del IFPRI Lanza Nuevo Libro De Economía Basada En Recursos Naturales En La India

La India tiene una larga historia de enseñanza e investigación en el campo de la economía teórica y aplicada. Aunque cuenta con varios excelentes economistas especializados en recursos naturales, solo en los últimos años se han iniciado programas específicos de enseñanza e investigación en este campo en las universidades y organizaciones de investigación. El documento titulado Natural Resource Economics: Theory and Application in India [Economía basada en recursos naturales: teoría y aplicación en la India], compilado por John M. Kerr, Investigador del IFPRI, Dinesh K. Marothia, Katar Singh, C. Ramasamy y William R. Bentley, se publicó para apoyar los programas de enseñanza de economía basada en recursos naturales que han surgido en la India y el mundo en desarrollo.

El libro se ha organizado en tres títulos principales, a saber, conceptos, métodos y aplicaciones. Ofrece una visión general de la ordenación de los recursos naturales en la India, útil para estudiantes de economía basada en recursos naturales, y presenta estudios de casos útiles para autoridades normativas, funcionarios encargados de la ordenación de recursos y otros profesionales. Los estudios de casos y ejemplos de problemas de ordenación de recursos naturales en la India citados en todo el libro distinguen a esta obra de otros libros del campo. Contiene aportes de 33 autores, sobre todo de la India. Para información sobre precios y de otra clase, diríjase a Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 66 Janpath, 2nd Floor, Nueva Delhi 110001, India; fax: 91-11-371-3275, correo electrónico: oxford.publ@axcess.net.in (ISBN 81-204-1095-5, 636 págs.).

Reimpresiones

Markets in Tradable Water Rights: Potential for Efficiency Gains in Developing Country Water Resource Allocation, de Mark W. Rosegrant y Hans P. Binswanger. Reimpreso de World Development, Vol. 22, No. 11, 1994.

Remittances, Inequality, and Asset Accumulation: The Case of Rural Pakistan, de Richard H. Adams, Jr. Reimpreso de Development Strategy, Employment, and Migration Country Experiences, compilado por David O'Connor y Leila Farsakh, OCDE, 1996.

Highest and Best Use? Access to Urban Land for Semi-Subsistence Food Production, de Daniel G. Maxwell. Reimpreso de Land Use Policy, Vol. 13, No. 3, 1996.

Measuring Food Insecurity: the Frequency and Severity of 'Coping Strategies', de Daniel G. Maxwell. Reimpreso de Food Policy, Vol. 21, No. 3, 1996.

The Egyptian Food Subsidy System: Operation and Effects on Income Distribution, de Sonia M. Ali y Richard H. Adams, Jr. Reimpreso de World Development, Vol. 24, No. 11, 1996.

A Critique of the World Development Report 1994: Infrastructure for Development, de Raisuddin Ahmed. Reimpreso de UNCTAD: International Monetary and Financial Issues for the 1990s, Volume 7, Nueva York y Ginebra, 1996.

Male-Female Differences in Agricultural Productivity: Methodological Issues and Empirical Evidence, de Agnes R. Quisumbing. Reimpreso de World Development, Vol. 24, No. 10, 1996.

Publicaciones Recientes

Servicios De Crédito Vinculados a La Seguridad Alimentaria En Nueva Reseña De Política Alimentaria

Cuando en las familias de los países en desarrollo hay escasez de alimentos y falta de acceso a servicios financieros, como crédito, ahorro y seguro, el resultado puede ser hambre y malnutrición crónicas. Las familias que prevean una escasez de alimentos pueden abordar el problema mediante diversificación de sus fuentes de ingresos, venta de activos o solicitud de préstamos a parientes, prestamistas o instituciones bancarias formales. No obstante, los bancos comerciales se muestran renuentes a prestar a los pobres porque éstos raras veces tienen los bienes cuya entrega se exige como garantía del valor del préstamo. Además, los bancos dudan a menudo en hacer préstamos para consumo, en lugar de inversión, para sacar a flote a los agricultores en la época difícil antes de la cosecha, por ejemplo.

En la reseña de política alimentaria No. 4 titulada Rural Finance for Food Security for the Poor: Implications for Research and Policy [Financiamiento para mejorar la seguridad alimentaria de los pobres del sector rural: repercusiones en materia de investigación y política], los autores Manfred Zeller, Gertrud Schrieder, Joachim von Braun y Franz Heidhues examinan las posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria en los países en desarrollo con acceso a servicios financieros. Después de analizar la teoría y las pruebas empíricas sobre las prácticas de ahorro y préstamo de los pobres del sector rural, examinan el concepto de que la prestación de servicios financieros ayuda a prevenir la inseguridad alimentaria pasajera y crónica de tres formas: (1) permite que las familias adquieran insumos, mano de obra y equipo para invertir en empresas que incrementen el ingreso; (2) amplía la capacidad que tienen los pobres de exponerse a riesgo, con lo que se les anima a embarcarse en empresas más modernas, arriesgadas y lucrativas; y (3) estabiliza el consumo, medida que nivela las fluctuaciones anuales y estacionales.

La reseña revela que muchas de las instituciones financieras innovadoras formadas por afiliación, que han tenido éxito en los últimos años, como el Banco Grameen de Bangladesh, unen algunos de los mejores atributos de los sistemas informales de crédito concedido por prestamistas o grupos a los de los bancos comerciales y cooperativas. Por ejemplo, emplean una gran variedad de mecanismos sustitutivos adaptados localmente, como presión de los compañeros, ahorro obligatorio y referencias personales, para cumplir con los requisitos de garantía.

Las instituciones comunitarias, como grupos de crédito, sociedades cooperativas y bancos de poblados, administrados generalmente por organizaciones no gubernamentales con ayuda de subsidios de donantes, pueden promover mejoras duraderas del ingreso, la seguridad alimentaria, la educación y el estado nutricional. Aunque en su mayoría necesitan subsidios, al menos durante los primeros años, los autores han determinado que se justifica un modesto apoyo a largo plazo si las instituciones financieras rurales al servicio de los pobres tienen una relación costo-beneficio mayor que la de otros subsidios, como los de alimentos. Se necesita más investigación que evalúe los efectos en el bienestar y los costos sociales del apoyo público a las instituciones financieras del sector rural (ISBN 0-89629-503-6, 140 págs.).

La Asignación Intrafamiliar De Recursos Es Tema De Un Nuevo Libro

En un nuevo volumen publicado conjuntamente por el IFPRI y Johns Hopkins University Press, varios economistas, demógrafos, sociólogos y antropólogos colaboran en el estudio de la asignación intrafamiliar de recursos en los países en desarrollo y su importancia para las instancias normativas. En el libro titulado Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries: Models, Methods, and Policy [Asignación intrafamiliar de recursos en los países en desarrollo: modelos, métodos y política], compilado por Lawrence Haddad, John Hoddinott y Harold Alderman, se examinan los múltiples factores complejos que influyen en las decisiones adoptadas por las familias sobre la forma en que gastan tiempo, dinero y otros recursos. Se muestra que al hacer caso omiso de esos factores, las autoridades normativas que tratan de mejorar la vida de la población pobre y con hambre pueden condenarse al fracaso.

En los dos últimos decenios se han propuesto varias teorías de adopción de decisiones por la familia y el libro trata de aclarar cuáles son las más útiles para estudiar la asignación intrafamiliar de recursos en los países en desarrollo. Algunos contribuyentes afirman que sería sumamente útil tratar a la familia como un solo ente decisorio que agrupa todos sus recursos y obra para beneficio de todos sus miembros. Otros se concentran en las diversas combinaciones de las preferencias, a veces, contradictorias de los miembros de la familia para elegir en forma colectiva. Los autores afirman que ambos enfoques amplios tienen mérito y deben considerarse en el análisis de política. Si bien el primer modelo tiene mucho que ofrecer a las autoridades normativas y facilita más el trabajo, el segundo tiene más probabilidades de reflejar la realidad.

Varios de los contribuyentes al libro parten de pruebas empíricas para examinar estos asuntos teóricos y muestran que la adopción de decisiones por la familia se basa en factores de amplio alcance, que incluyen convenciones culturales sobre la condición de los hombres y mujeres, adultos y niños. Por ejemplo, cuando las mujeres controlan los recursos, tienden a usarlos de una forma diferente de la de los hombres, con distintos resultados en el bienestar de la familia. Un capítulo señala que aun las acciones de los familiares residentes fuera del hogar pueden influir mucho en el bienestar de la familia.

Estos asuntos tienen profundas repercusiones en materia de política. Las instancias normativas suelen suponer que al aliviar la pobreza del individuo se puede aliviar la de la familia o que la pobreza individual puede reducirse sin tener en cuenta las acciones de otros miembros de la familia. Los autores muestran que esas suposiciones son erróneas. Por ejemplo, si un programa de alimentación escolar se destina a niños desnutridos, una familia puede responder con una reducción de la cantidad de alimento que recibe el niño en la casa y un aumento de la que consumen otros miembros de la familia. Cuando se entiende mejor el comportamiento intrafamiliar, hay más probabilidades de que las políticas lleguen a la población destinataria, lo que llevará a formular mejores políticas en campos como producción y consumo de alimentos, nutrición, ordenación de recursos naturales y fecundidad.

Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries: Models, Methods, and Policy, compilado por Lawrence Haddad, John Hoddinoff y Harold Alderman, puede solicitarse a Johns Hopkins University Press, 2715 North Charles Street, Baltimore, Maryland 21218-4319 (teléfono: 1-800-537-5487 ó 1-410-516-6957). El precio es de US$55 (ISBN 0-8018-5572-1, 384 págs.).

Medición De Los Efectos De La Atención En El Estado Nutricional De Los Niños

El concepto de que la atención--el tiempo y cuidado que se dan a los niños--afecta su salud y nutrición no es nuevo en el campo de la nutrición. Pero las prácticas de atención varían mucho en las distintas culturas de los países en desarrollo, lo que dificulta la medición cuantitativa de la relación existente entre la atención, la disponibilidad de alimentos y el estado nutricional. En el trabajo titulado Care and Nutrition: Concepts and Measurement [Atención y nutrición: conceptos y medición], un nuevo documento ocasional del IFPRI, de Patrice L. Engle, Purnima Menon y Lawrence Haddad, se resumen varios asuntos relacionados con la atención y se recomiendan estrategias de medición aplicables en muchas culturas. Se amplía un modelo de atención y salud infantil creado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mediante la definición de los recursos que necesita un dispensador de cuidado para ofrecer la debida atención, afirmando que las propias características de un niño son importantes para la clase de cuidado que recibe.

Se ha determinado que el comportamiento de un niño es un elemento clave de la calidad de la atención recibida. Por ejemplo, un niño pasivo producirá una menor respuesta del dispensador de cuidado que uno exigente. Los dispensadores de cuidado pueden esforzarse menos por alimentar a un niño que se niegue a comer o sea difícil de alimentar. Una buena relación entre el dispensador de cuidado y el niño hace que éste coma más.

Al examinar los recursos de que se valen los dispensadores de cuidado para atender las necesidades físicas, mentales y sociales del niño en crecimiento, los autores examinan seis factores.

1. Educación, conocimientos y creencias. El trabajo revela que los dispensadores de cuidado más escolarizados tienen más probabilidades de aprovechar, digamos, los programas de salud comunitarios a su disposición y de buscar ayuda si un niño está enfermo.

2. Estado nutricional y de salud física. Si un dispensador de cuidado está desnutrido o enfermo, es probable que gaste menos tiempo en atención del niño.

3. Salud mental y grado de estrés y confianza en sí mismo. Aunque la depresión y el estrés se han vinculado al cuidado deficiente en los países desarrollados, es preciso establecer medidas adaptadas a las necesidades de los países en desarrollo.

4. Autonomía y control de recursos. Cuando las mujeres controlan los recursos de la familia, suelen asignar una mayor proporción a los niños.

5. Carga de trabajo y disponibilidad de tiempo. La determinación de que el trabajo de la madre fuera de la casa es bueno o malo para el niño pequeño puede depender de la calidad de los servicios prestados por sustitutos de los dispensadores de cuidado y el monto del ingreso devengado.

6. Apoyo social de la familia y la comunidad. Con el mayor ingreso de la mujer a la fuerza laboral, la principal forma de apoyo social necesario es la provisión de personas competentes para sustituir a los dispensadores de cuidado. En los países en desarrollo, raras veces se ofrece cuidado infantil institucional y la atención del niño implica un costo social muy alto si las niñas de mayor edad se mantienen fuera de la escuela para cuidar a los pequeños.

Los autores examinan dos prácticas de atención con detalle: la alimentación complementaria y la atención sicosocial. Las prácticas de alimentación que pueden afectar la nutrición incluyen adaptación de los alimentos ofrecidos a la capacidad que tenga el niño para consumirlos (por ejemplo, ofrecerle alimentos que pueda tomar con la mano) y respuesta a las señales que dé el niño (quizá, ofrecerle más alimento o uno diferente).

La atención sicosocial--la demostración de afecto y atención al niño--incluye interacción física, visual y verbal del dispensador de cuidado con el niño. Las prácticas dependen de las normas culturales. Por ejemplo, cuando se les pide que atraigan la atención de un bebé, las indígenas estadounidenses lo miran fijamente y las mujeres euroamericanas le hablan. Sin embargo, la finalidad de la acción es la misma.

Aunque queda mucho por aprender sobre la importancia de la atención y la forma de medirla, una mejor comprensión de esos asuntos ofrece a las autoridades normativas los instrumentos necesarios para formular mejores intervenciones en materia de nutrición y salud del niño (ISBN 0-89629-334-3).

Visión General De La Alimentación Y La Agricultura En América Latina

A medida que los países de América Latina se han embarcado en cambios de la estrategia de desarrollo, a veces dolorosos, en nombre del ajuste estructural, el motor del crecimiento ha cambiado del Estado al mercado. Las reformas han comprendido descentralización del gobierno, privatización y desreglamentación de los mercados. Cómo han afectado estas reformas al sistema de producción alimentaria y agrícola, el eje del crecimiento sostenible? Ayudarán estos cambios a América Latina a confrontar los graves problemas--la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, el deterioro del medio ambiente y la urbanización rápida--que impiden lograr la meta de la visión 2020 en la región?

En el documento de discusión No. 21 relacionado con la visión 2020 del IFPRI, titulado Challenges to the 2020 Vision for Latin America: Food and Agriculture since 1970 [Desafíos para la iniciativa de la visión 2020 en América Latina: alimentación y agricultura desde 1970], James L. Garrett destaca los logros y dificultades experimentados en la región en los últimos 25 años y describe las medidas necesarias para que América Latina pueda erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición y usar sus recursos naturales en forma eficiente y sostenible en el año 2020.

En los años setenta y ochenta, los países latinoamericanos acumularon una enorme deuda externa para financiar el consumo interno. Con la marcada alza de las tasas de interés, esos países sufrieron un colapso económico y el ingreso se redujo un promedio de 10%. Los gobiernos se vieron obligados a orientarse hacia el mercado. Al llegar los años noventa, el PIB per cápita se había estabilizado en la mayoría de los países y la región tenía una tasa de crecimiento de 3,1%. Con todo, en 1990, 46% de la población de la región aún vivía en la pobreza, proporción idéntica a la de 1970.

Las características más notables de la pobreza en América Latina y el Caribe, según Garrett, son la amplia brecha entre ricos y pobres en la distribución del ingreso, la tierra y las oportunidades, y el cambio del lugar de la pobreza de las zonas rurales a las ciudades. La proporción del ingreso destinada al 40% más pobre de las familias es solo de alrededor de 8% en el Brasil, Guatemala y Honduras. A pesar de la reciente recesión económica, la nutrición es generalmente mejor que en otras regiones en desarrollo, si bien todavía existen graves problemas en algunos países, incluso en el Ecuador y el Perú.

Aunque, en la actualidad, más de 70% de los latinoamericanos viven en las ciudades, la región tiene una gran ventaja comparativa en los mercados mundiales en lo que respecta a su agricultura y sus recursos naturales. Aun en países muy urbanizados, el sistema de producción alimentaria y agrícola representa al menos 25% de la actividad económica. Los pequeños agricultores, un importante elemento de la agricultura de la región, suelen producir hasta un tercio de los alimentos básicos, como maíz y fríjol, en menos de 15% de la tierra cultivable.

Al mirar hacia el año 2020, el principal desafío para la agricultura será ampliar su competitividad y, al mismo tiempo, proteger la base de recursos naturales con el uso de tecnologías favorables al medio ambiente. Entre las medidas necesarias para alcanzar las metas de la visión 2020, se recomiendan las siguientes en el documento aquí analizado:

Invertir en capital humano, particularmente en educación, atención de salud y saneamiento.

Abrir canales para la participación civil y fortalecer los municipios.

Establecer la infraestructura de transporte y comunicaciones y fortalecer los sistemas financieros.